Necesitamos control y seguimiento a las iglesias en el país

Entre las grandes cosas que nos dio la Constitución de 1991 se encuentra el reconocimiento y la protección al derecho de la libertad de creencia y de cultos. Teniendo en cuenta que en nuestra sociedad la religión juega un papel determinante al tiempo que son muy diversas las formas en que los colombianos viven y expresan esa parte tan intima, profunda y significativa como es la dimensión espiritual y religiosa. Garantizar este derecho es fundamental para ser un país plural, incluyente y democrático.

De esta manera, hay que reconocer que la religión y más específicamente las iglesias tanto la católica como las cristianas tienen en nuestro marco jurídico un lugar especial, no sólo en materia de protección y de garantía para su existencia sino que además cuentan con una serie de beneficios entre los que se encuentran por ejemplo diferentes excepciones tributarias como el no pago de  impuesto a la renta, impuestos municipales, además de que  ninguna de sus actividades se encuentra gravada con IVA.

A esto podemos sumar que crear una nueva iglesia en el país no es complejo, sólo se requiere cumplir con una documentación básica que se entrega al Ministerio del Interior para obtener una personería jurídica especial con los beneficios económicos y tributarios que ya mencionamos.

Este contexto favorable se completa con el hecho de que el Estado no tiene mecanismos para realizar un control o seguimiento a cada iglesia nueva que se crea en el país (actualmente existen cerca de 8490 acuerdos de registro). En este punto, llegamos a la difícil cuestión de plantearnos cuál es el límite de un derecho o una libertad, pues el tema parte de reconocer cuando el ejercicio de ese derecho comienza a afectar los derechos y las libertades de otras personas o supone un riesgo para la estabilidad o equilibrio de una sociedad.

Ejemplo de esa falta de seguimiento por parte del Estado la vemos en situaciones como la ocurrida a principios de este año, cuando el país se enteró de la estafa de varios fieles de una iglesia cristina por parte de un predicador en Sabanalarga (Atlántico), quien los convenció de vender y entregarle todos sus bienes, mientras ellos esperaban la llegada de Jesucristo.

Pero este tema de la ausencia de control es mucho más complejo que la triste manipulación de la fe, las creencias y las necesidades espirituales de muchas personas, el escenario favorable y de alguna manera laxo para el desarrollo de actividades de las iglesias en el país, es una puerta abierta para que grandes empresas criminales utilicen la creación de iglesias como fachadas para camuflar y lavar activos provenientes de negocios como el narcotráfico.

La idea no es estigmatizar a las diferentes iglesias que existen en Colombia, y reitero mi profundo respeto por la labor social que muchas realizan, pero no podemos cerrar los ojos ante un grave peligro. Conocemos de diversas investigaciones tanto judiciales como periodísticas que se adelantan en América Latina en esta materia, donde ponen en evidencia complejos entramados de grupos delincuenciales ligados a organizaciones religiosas.

Investigaciones como la realizada por el Centro latinoamericano de investigación periodística y publicada en el 2020, con la colaboración de 10 países de la región, nos recuerdan como en el 2015 fueron capturados los pastores Jorge Mercedes Cedeño de República Dominicana y Orlando Arce Ortíz de Colombia, quienes ejercían el ministerio religioso en el país. Los dos confesaron que administraban las finanzas y compraban propiedades para la temible organización de los Urabeños, hoy conocidos como el clan del Golfo.

Por esta razón, un tema es la libertad de cultos y el cuidado que se debe tener al implementar políticas de control que pueden llegar a ser medidas discriminatorias, pero otro asunto son las enormes cantidades de dinero que manejan muchas de estas iglesias. Un informe presentado por el Diario Portafolio evidenciaba como la DIAN en 2017 reveló que el patrimonio bruto que declararon las más de 8.000 asociaciones religiosas entonces acreditadas en el país alcanzaba los $14,4 billones y reportaron ingresos brutos por un valor de $5,4 billones.

Estas cifras muestran más un negocio lucrativo que una actividad espiritual y no se entiende cómo el Estado colombiano no ejerce un control serio frente a este descomunal flujo de dinero. Esta situación se puede estar convirtiendo en una bomba de tiempo pues no sólo está la posibilidad de los vínculos con estructuras mafiosas, sino la creación de complejos circuitos de corrupción estatales por el poder político y económico que algunas iglesias comienzan a adquirir de manera exponencial en el país.

De esta manera se hace necesaria la implementación de mecanismos efectivos de control y seguimiento a las finanzas de las iglesias, no es algo sencillo, pues muy probablemente sea una propuesta impopular, pero sin duda es necesaria en medio de empresarios mafiosos que se apropian y usan la fe de los creyentes como un negocio para esconder sus actos ilegales.

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