Torpeza jurídica y política ¿el mal de siempre?

El segundo periodo de la legislatura 2020-2021 arranca agitado con el anuncio de una nueva reforma tributaria y con el intento de radicar un acto legislativo con el que se pretendía extender y aumentar los periodos de todos los integrantes de las diferentes ramas del poder público en el país.

La propuesta, que finalmente no logró cumplir los requerimientos mínimos para iniciar el trámite en el Congreso de la República, subió de manera considerable la temperatura política del país, incluso, desde el mismo Congreso se calificó como un golpe de estado y como una amenaza inminente a todo nuestro orden constitucional.

Las voces en contra se hicieron sentir desde diferentes partidos políticos y desde el mismo gobierno. Las reacciones fueron tan fuertes que se sugirió que la radicación de esta iniciativa iba a generar la perdida de investidura de todos la que la firmaron, de esta manera, de los 23 que estaban poniendo su rúbrica para radicar este acto legislativo, 15 se echaron para atrás.

Volvió la calma, pero no quedó claro realmente quién o quiénes querían sacar adelante esta propuesta. En un primer momento iba con el respaldo de congresistas de diferentes fuerzas políticas, sin embargo, al observar la polémica todos se quisieron desmarcar.

Sabemos que en un principio la propuesta surge aparentemente desde la federación de municipios, Gilberto Toro su representante indica que la intención era unificar las elecciones en el país, lo que podría significar un ahorro de 4 billones de pesos a las finanzas de la nación, además de permitir un trabajo más alineado entre el gobierno central y los gobiernos locales.

Si vemos estos argumentos desde una perspectiva desprovista de apasionamiento encontramos que no son tan irracionales, incluso, plantean un debate político interesante sobre el funcionamiento de nuestro estado y sobre la profunda fragmentación que existe entre el nivel central y los territorios, esto sumado a la dificultad que tenemos de trabajar en un proyecto colectivo de nación, conjunto y articulado.

Este tema es necesario discutirlo y pensar si realmente se requiere un cambio que se ajuste más a la realidad política y administrativa de Colombia, pero desafortunadamente este tipo de debates y acuerdos son muy difíciles de trabajar en nuestro país porque impera la desconfianza política y la búsqueda del beneficio propio.

Si vemos como estaba construido el proyecto que iba a ser radicado, nos damos cuenta de que estaba en eminente conflicto con la sentencia C-551 de 2003 de la Corte Constitucional, donde se afirma que no existe ningún mecanismo de reforma constitucional que permita alargar los periodos de los gobernantes, estando así en contravía de la constitución y la soberanía del pueblo.

El principal error estuvo entonces en que la propuesta buscaba alargar los periodos de los actuales servidores públicos, diferente seria si la iniciativa se hubiese planteado a futuro con el objetivo de aplicarse en próximos periodos electorales. Esto lo que evidencia es un desconocimiento de nuestra jurisprudencia, y una clara torpeza técnica y política para elaborar propuestas legislativas.

De esta manera se encienden ánimos políticos, se desgata a la opinión pública y prácticamente se le extiende un veto a un tema que requiere una seria discusión a la hora de pensar en una organización política y administrativa más eficiente. Todo esto por anteponer los intereses personales y políticos por encima del respeto, fortalecimiento de nuestras instituciones y la búsqueda del beneficio colectivo de la nación.

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